CCE exige al Gobierno Federal acabar con la impunidad

Fuente: Redacción 

El Consejo Coordinador Empresarial, exigió al Gobierno Federal alto a la impunidad y aplicación de la ley, en contra de quienes a través de chantajes y acciones violentas, pretenden frenar el progreso de la educación en el país.

Gerardo Gutiérrez Candiani, dirigente de la máxima cúpula empresarial, pidió no caer ni ceder en la presión de grupos, que en las últimas semanas, ha evidenciado con toda su crudeza, los obstáculos, resistencias e inercias de mayor peso contra el desarrollo de la reforma educativa aprobada y promulgada hace dos.

“En particular, la acción de grupos sindicales que han tomado como botín y renta el presupuesto educativo, así como medio para perseguir fines políticos ajenos a la docencia e inclusive a la organización gremial”, señaló.

Propuso, que en el marco del debate hacia una reforma de fondo a favor del Estado de derecho, la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, se castigue el chantaje que ejercen estos grupos, “que han tomado como rehén la educación de millones de niños y jóvenes”, con un alto grado de impunidad y violencia para conservar prerrogativas personales.

Gutiérrez Candiani, acusó que ha sido la condescendencia con estos grupos la que ha fomentado su actuar en contra del Estado de Derecho, y ha puesto en entredicho el desarrollo de la reforma aprobada en el 2013.

“Esperamos un cambio, para que haya diálogo, pero también decisión en cuanto a que se apliquen las leyes, confiamos en que la sociedad apoyará esta actitud, en los retos por venir, como la revisión salarial en mayo próximo”.

Sostuvo que en la medida en que no se ponga un freno definitivo a estos grupos, México permanecerá en el rezago educativo, con nivel muy por debajo de la media internacional.

Recordó que el 22 por ciento de los mexicanos de 15 a 29 años no tienen empleo ni están matriculados en educación o formación. Ni estudian, ni trabajan.

Y en lo que se refiere a la nómina educativa advirtió, se han estimado cerca de 300 mil pagos irregulares, que podrían costar al erario más de 35 mil millones de pesos cada año.