Fuente: La Jornada
Funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno forjaron pactos criminales con empresas factureras para defraudar a la hacienda pública alrededor de 350 mil millones de pesos anuales, aseguró ayer Carlos Romero Aranda, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).
En el caso de desvío de recursos públicos, se coludieron con funcionarios gubernamentales, simularon licitaciones o adjudicaciones públicas, falsificaron actas de bienes o servicio y realizaron transacciones en el sistema financiero, explicó en el contexto de la firma de un convenio de colaboración entre el gobierno de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).