Por Redacción
El Consejo Coordinador Empresarial aseguró, vía mensaje institucional, que para que México crezca al
ritmo que necesitamos, y lo haga de manera sostenible, es indispensable que
emparejemos los niveles de dinamismo y de desarrollo entre las diferentes
regiones y las 32 entidades federativas, que hoy presentan contrastes dramáticos
en ambos aspectos.
Contamos con cinco estados
que, por años, han logrado crecer a una tasa anual promedio superior al 4%, más
del doble del promedio nacional, ya en el rango objetivo, que requerimos
alcanzar como país para afrontar los retos que tenemos en temas como empleo,
pobreza y demografía.
Si en los últimos 10 años
México hubiera crecido al ritmo de estos estados punteros en la materia, como
Querétaro o Quintana Roo, nuestro PIB per cápita anual superaría ya los 18 mil
dólares, casi 80% por encima del que tenemos actualmente.
Sin embargo, el 70% de los
estados crece a niveles insuficientes o presenta rasgos de relativo
estancamiento, o inclusive de retroceso.
Si en datos recientes hay
estados como Aguascalientes, que llegan a superar el crecimiento de China,
preocupa que, lejos de que se estén paliando las brechas y los rezagos, tienden
a aumentar la divergencia entre los estados con más dinamismo y los de peor
desempeño.
En el trasfondo, aumenta la
distancia entre los extremos en productividad e inversión, factores esenciales
para el desarrollo sostenido. La inversión por trabajador en entidades como el
Distrito Federal y Nuevo León es más de 4.5 veces la que existe en los estados
del Sureste.
Es natural e inevitable que
haya variabilidad en el comportamiento económico y en el desarrollo de las
regiones, pero las diferencias que existen en México son de tal magnitud que
inclusive son un factor de riesgo muy importante en términos políticos y
sociales, además del efecto negativo que empuja a la baja a todos.
En lugar de que la
disparidad económica regional se convierta en una fuente de potencial y
oportunidad de inversión y crecimiento, a fin de generar sinergias y maximizar
ventajas comparativas, nos hemos quedado cortos ante el reto, tanto en los
estados como a nivel federal.
Los esfuerzos son tan
dispares como los resultados en el desempeño económico entre las regiones y los
estados. Durante décadas, hemos hecho poco para remediar estos desequilibrios,
sin constancia ni eficiencia. De inicio, no ha habido suficiente claridad en
los objetivos y las acciones, ni articulación entre las regiones, al interior
de éstas, y de manera transversal, entre los sectores productivos y los
diferentes gobiernos, en sus tres órdenes.
Como nación a nivel macro, y
en los estados en lo general, hemos fracasado en el objetivo de articular una
estrategia y políticas de desarrollo regional sólidas. Esta es una de las
grandes asignaturas pendientes de México, y reto fundamental en la
implementación de las reformas estructurales.
Hoy queremos marcar un punto
de inflexión en materia de desarrollo regional, con una planeación consensuada,
compromisos y medidas puntuales, a través de la relación estratégica que hemos
iniciado entre el sector empresarial y los estados, vía la Conferencia Nacional
de Gobernadores.
Hay un área de oportunidad
enorme, comenzando por la identificación y réplica de mejores prácticas de
muchos estados, con resultados impresionantes, lejos de la ineficiencia y del
carácter retórico que muchas veces tiene la política de desarrollo regional que
se ha hecho en México.
Con el soporte de la
alianza, Conago-CCE, queremos iniciar un intenso proceso de trabajo con todos
los gobernadores y los sectores productivos de sus estados, para consolidar
programas de fomento de avanzada de desarrollo regional, vinculados a los temas
clave de la agenda nacional.
Tenemos que construir, con
sentido de oportunidad, acuerdos marco de política industrial y desarrollo
regional. Es indispensable, contar con una política de fomento sólida y
compartida, para maximizar el alcance de las reformas estructurales.
La conformación de
consorcios de empresas regionales, en especial pequeñas y medianas empresas
locales que puedan integrarse a los contratos y crecer con la reforma
energética, es una oportunidad irrepetible, que puede tener un impacto decisivo
en 12 estados.
Vemos también como una gran
opción para reducir las brechas económicas, y fuente de crecimiento para todos,
el conjunto de proyectos que se están configurando para la zona Sur-Sureste del
país. El desarrollo de esta región, la de mayores rezagos, debe tener un
carácter de prioridad nacional.
También tenemos grandes
expectativas en la proyección de cinco estrategias sectoriales en las que
estamos trabajando en el Comité Nacional de Productividad: Comercio al por
Menor, Turismo, Gastronomía, Autopartes y Proveeduría Aeroespacial,
Agroindustrial, Electricidad-Electrónica y, por supuesto, el Sector Energético.
Con la Conago, queremos
reforzar y complementar los acuerdos a los que llegamos en agosto de 2013, con
énfasis en el crecimiento económico y el desarrollo de las instituciones del
Estado de derecho, la seguridad pública y la gobernabilidad democrática.
En la parte económica,
tenemos prioridades en generación de empleo, impulso a las Pymes y mejora
regulatoria.
Vamos por una política
industrial y agropecuaria efectiva y consensuada, con vinculación entre las
grandes empresas y proveedores nacionales con empresas locales. Asimismo, por
la creación de Centros Regionales de Integración de Proveedores, conformación
de clusters y nuevos encadenamientos productivos para generar mayor contenido
nacional y valor agregado.
Necesitamos consolidar una
plataforma competitiva de infraestructura logística y parques industriales.
Para apoyar a las Pymes,
estamos proponiendo, además de los esquemas de vinculación que mencionaba, un
fondo estatal de garantías para otorgar fianzas a proveedoras del gobierno, y
paquetes de estímulos y créditos para que las empresas de nueva creación puedan
superar la barrera de los cinco años para su maduración.
En la parte de desarrollo institucional,
tenemos todo lo que implica aterrizar en el nivel de estados y municipios las
reformas en materia de combate a la corrupción, transparencia y justicia, lo
cual requerirá de mucho trabajo de homologación y armonización tanto en las
leyes como de arquitectura y funcionamiento de las instituciones. Y todo esto,
sin olvidar el desafío de la inseguridad pública, que demanda mucho mayores
esfuerzos en temas como prevención, depuración y profesionalización de
policías.
Los retos, sin duda, son
formidables, pero también lo son las oportunidades para romper,
definitivamente, la dinámica del desequilibro regional, que no le permite a
México desarrollarse con la contundencia necesaria. En esta tarea, el
compromiso de los empresarios es total.
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