Fuente: Redacción
El problema del cambio que hizo el Inegi en la metodología del Módulo de Condiciones Socioeconómicas en 2015, uno de los insumos básicos que utiliza el Coneval para la medición de la pobreza desde la perspectiva multidimensional es que, con ello, por primera vez podría interrumpirse la comparación anual de los datos.
Es fundamental aclarar y resolver este debate: no sólo para encontrar algún mecanismo que le dé continuidad a la serie, sino para salvaguardar la credibilidad de ambas instituciones y de sus indicadores, la cual han ganado ya con muchos años de profesionalismo y exactitud en su trabajo.
Difícilmente puede exagerarse la importancia de contar con organismos tan fiables para fines de información económica. La capacidad y el prestigio de instituciones como el Inegi y el Coneval son inclusive fortalezas para la macroeconomía, el desempeño de los mercados y la política social. En ese sentido, llamamos a no politizar este asunto, que es de carácter técnico y que puede y debe solucionarse, con total transparencia. Si el termómetro no registra adecuadamente la realidad de la temperatura, jamás podremos recetar las medicinas adecuadas.
No obstante, al margen de contar con mediciones cada vez más precisas y más allá del debate mediático, el problema real es que la pobreza sigue siendo un reto de enormes proporciones, en el que no hemos avanzado de manera significativa a través de los años.
Si bien muy lentamente, la pobreza extrema ha venido disminuyendo en términos relativos. Sin embargo, en números absolutos, son más de 11 millones de mexicanos en esta condición de pobreza extrema.
Con la tendencia que registraron las últimas mediciones, de menos de 0.5% en la reducción promedio anual, tardaremos varias décadas en erradicar este flagelo, además de que la población total en pobreza definida como multidimensional integra a cerca de 55 millones de personas.
Para avanzar al ritmo requerido, tenemos que fortalecer cuatro áreas críticas para abatir la pobreza: 1) Más empleo, que solo se genera a partir de inversión y crecimiento, sostenido e incluyente. 2) Política social más efectiva, 3) Educación de calidad que permita la movilidad social, 4) Estado de derecho.
En materia económica, llevamos tres décadas con un crecimiento promedio anual de 2.5%, y en el corto y mediano plazos, no se prevé un cambio importante en esta inercia.
Si se ha logrado contener el crecimiento de la pobreza, ha sido sobre todo por la recuperación de la estabilidad macroeconómica, tras una pérdida de alrededor de 70% del poder adquisitivo de la población más vulnerable, luego de los desajustes y las crisis que se presentaron hasta 1995. Por eso es preciso apuntalar los equilibrios fundamentales, ante los riesgos que hoy se presentan en factores como la balanza de pagos y el déficit público.
Pero la estabilidad no es suficiente. Necesitamos crecer más, y para ello se requieren condiciones más propicias para el desarrollo del mercado interno y de las empresas: porque es allí donde se generan los empleos que brindan mejores oportunidades a las personas. En un entorno que fomente la inversión productiva, que desregule para que los negocios no vean obstaculizado su crecimiento; que dé acceso el entorno al crédito, y fomente el emprendedurismo y una decidida inversión en ciencia y tecnología, en innovación, son requisitos indispensable para que el valor que generan las empresas se multiplique y redunde en mejores empleos y por tanto en mejores ingresos.
En materia de la política social y de redistribución del ingreso, hay un enorme margen para la mejora. En los últimos 25 años, el gasto público destinado al desarrollo social se triplicó, mientras que el porcentaje de la población en situación de pobreza apenas ha variado.
En los países de la Unión Europea, por ejemplo, el coeficiente del índice de Gini, que mide la desigualdad, se reduce significativamente comparando la situación antes y después de la acción del Estado a través de impuestos, gasto y transferencias. En nuestro caso, el indicador permanece casi invariable; es decir; los recursos públicos invertidos después de pagar los impuestos, no disminuyen la desigualdad.
Se requiere de un gasto público cada vez más eficaz, transparente y con rendición de cuentas. En este caso, se pueden dar grandes pasos mejorando los programas de apoyo a la población con carencias, concentrando las baterías en los más eficaces y con resultados tangibles, incrementando de manera importante la inversión pública en infraestructura, hospitales y escuelas, y eliminando muchos que acaban siendo regresivos o clientelares.
De ahí la trascendencia de proyectos que conjugan objetivos de rentabilidad social con el impulso al crecimiento, como las zonas económicas especiales, que pueden hacer mucho contra las grandes brechas de desarrollo regional que tenemos.
En cuanto a la educación, es indiscutible que se trata del factor definitivo para dejar la pobreza de manera sustentable. En muchas zonas, la precariedad de la infraestructura y la acción educativa operan en sentido contrario: perpetúan la exclusión.
De ahí la importancia de comprometernos con una reforma profunda en materia de educación, sin excepciones, por encima de la política y los intereses de grupo, para que todos los actores –Gobierno, maestros, padres de familia, sociedad, sindicatos y empresas– caminemos hacia el objetivo común de la calidad educativa. Además, trabajar muy fuertemente en la vinculación de la escuela y la universidad con el sector productivo, para alinear la oferta y demanda de especialidades y puestos de trabajo. Sólo así mejoraremos la inserción de las personas en el ámbito laboral, con competencias adecuadas y sus oportunidades de salir de la pobreza.
En cuanto al Estado de derecho, no puede haber desarrollo sustentable, ni político ni económico, con niveles de inseguridad, corrupción e impunidad como los que se registran en diversos ámbitos y zonas de México. Tampoco podrá haber desarrollo y la inversión que requerimos sin una absoluta certeza jurídica para la inversión y una total certeza sobre los derechos de propiedad. Cerca de 15% del ingreso promedio de los hogares mexicanos se destina a pagos extraoficiales. Entre los más afectados están los más pobres. El Sistema Nacional Anticorrupción recién aprobado es un buen punto de partida, una extraordinaria plataforma, pero queda mucho por hacer en todos los frentes.
Por supuesto que hay que medir adecuadamente la pobreza, y conocer sus dimensiones, causas y efectos cada vez mejor. Pero no para efectos políticos, sino para combatir la pobreza con decisión y efectividad. Es el principal reto que enfrenta nuestra sociedad, y un compromiso del que nadie puede sentirse ajeno.
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