Fuente: La Jornada
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, fijó como "fecha fatal" el próximo lunes 22 de agosto, día en que comienza el ciclo escolar 2017-2018 en la educación básica, para que el gobierno federal aplique el estado de derecho contra las protestas magisteriales y garantice que habrá clases en todas las escuelas del país, al sostener que afectar el derecho a la educación de los niños y jóvenes mexicanos es más grave que las pérdidas económicas que se han registrado por las protestas y bloqueos de los maestros.
"No debe mantenerse la tolerancia porque cuando la tolerancia es excesiva se vuelve permisividad y la permisividad si continúa en el tiempo se puede volver complicidad, de tal manera que hay una tolerancia excesiva", indicó el líder del sindicato patronal.
Las "estimaciones" que se tienen hasta el momento por las pérdidas económicas que han ocasionado los maestros que demandan la derogación de la reforma educativa ascienden, dijo, a 115 mil millones de pesos en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, en conjunto, pero aclaró que no se cuenta con cifras oficiales.
"El inicio del ciclo escolar debe marcar una pauta en cuanto a la vigencia del estado de derecho, especialmente en ese momento emblemático para garantizar el derecho humano fundamental de los niños y jóvenes a la educación. En ese sentido hacemos desde ahora un llamado al Estado mexicano para que no haya una sola escuela en todo el territorio nacional donde no se inicien las clases del ciclo escolar. Ésa es la fecha fatal en la cual se debe usar la vigencia plena del estado de derecho. No se debe permitir que ningún grupo viole el derecho fundamental que tienen los niños mexicanos de acceder a la educación", sentenció Gustavo de Hoyos en una conferencia de prensa realizada luego de inaugurar el Foro Empresarial Anticorrupción de la Coparmex.
Sobre la advertencia de la CNTE de que llevará a cabo más protestas, señaló que "más que reto, más que amenaza, es una violación flagrante a la ley todos los días, reiterada y de manera sistemática".
Insistió en que los gobiernos federal y locales deben evitar que el magisterio disidente lleve a cabo más bloqueos en carreteras, puertos y aeropuertos, así como la toma de edificios públicos.
"Ése ha sido y seguirá siendo nuestro llamado, que el gobierno aplique el estado de derecho sin distinción", dijo.
El sector privado ha presentado cuatro demandas de amparo ante el Poder Judicial contra las autoridades por actos de omisión y, según De Hoyos, los organismos empresariales analizan si solicitarán indemnizaciones a los gobiernos federal y locales por las pérdidas económicas que han sufrido las empresas por el movimiento magisterial.
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