Fuente: Redacción
En diversos estudios sobre los problemas que más preocupan a los mexicanos se observa que la inseguridad se ha convertido en una de las principales inquietudes de los mexicanos, en donde la delincuencia ha sido uno de los factores que más obstaculizan el crecimiento de los negocios, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Cabe destacar que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, han realizado mediciones que indican que el 71.4 por ciento de los ciudadanos considera que vivir en su ciudad de residencia es inseguro, tal y como se aprecia en la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Urbana.
El clima de inseguridad afecta también a la economía, como lo revela la Encuesta de Victimización de Empresas generado por el propio INEGI con datos 2015, donde se da cuenta que de 4.5 millones de unidades económicas establecidas en México, 1.6 millones fueron víctimas de un delito, es decir, el 35.5 por ciento de los negocios ha sido afectado por la delincuencia.
El tamaño de ese desafío exige nuevas estrategias y líneas de acción para enfrenar la inseguridad, más si se considera que en la más reciente evaluación del Foro Económico Mundial en materia de competitividad, de 138 países que fueron evaluados México ocupó el lugar 135 en razón de la presencia del crimen organizado y el número 130 en lo referente a la materia del costo del crimen y la violencia para los negocios.
En este sentido, la Coparmex sostuvo que se necesita una estrategia integral, un enfoque sistémico que incluya a jueces, a fiscales y a policías. En este contexto, un aspecto central de la estrategia de lucha contra la inseguridad será la nueva normativa para la intervención de las Fuerzas Armadas en las tareas de Seguridad.
Asimismo, es preciso brindar certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores de la seguridad pública, así como los protocolos de entrada y salida cuando sea necesaria su intervención en estas tareas, a petición de los gobiernos estatales.
Desde la perspectiva de la Coparmex, la estrategia para crear el nuevo instrumento jurídico que regule la participación del ejército y de la Armada en las tareas de seguridad debe considerar cuando menos 10 puntos básicos, entre los que destaca una reforma constitucional con la creación de una Ley de Seguridad Interior.
De igual manera, en el ámbito de las Facultades se tiene que analizar minuciosamente qué tipo de facultades de investigación tendrán las fuerzas armadas, mientras que en materia de temporalidad se debe tratar como un régimen de excepción, en el cual al emitirse la Declaratoria se prevea como requisito esencial el plazo de intervención, así como un expreso y claro régimen de transición para la salida de las fuerzas armadas al concluir la vigencia de la Declaratoria.
También, debe de preverse un régimen de excepción, es decir se debe de regular expresamente las causas por las cuales el Presidente podría emitir la Declaratoria, teniendo como requisito primordial la afectación de la seguridad pública de forma reiterada y en lo que se refiere a la legalidad de esta Declaratoria el Presidente de la República tendría que emitir la Declaratoria y ser el Senado quien apruebe con un plazo de inmediatez y la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisaría de oficio y también inmediatamente la legalidad de la misma.
Como sexto punto está el Fortalecimiento de policías locales, seguido de la Procuración e impartición de justicia, en donde es necesario abatir de manera efectiva la impunidad.
La Coparmex destacó que debe existir participación donde los sectores público, privado y social en el diseño de la ley como de la política pública que derive la misma, además de en lo que hace la prevención en todas sus aristas, debe ser siempre el eje de la política pública en materia de seguridad interior.
Finalmente, en materia de derechos humanos, tanto en el diseño legal como de la política pública y la propia intervención de las fuerzas armadas, deben de ser siempre en un aspecto que prevalezca el respeto irrestricto a los derechos humanos y se observen siempre los principios de certeza, legalidad, proporcionalidad, racionalidad, transparencia, rendición de cuentas y no discriminación.
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