Fuente: La Jornada
Al advertir que la deuda seguirá creciendo y el año próximo llegará a representar hasta 55 por ciento del producto interno bruto (PIB), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) demandó al Congreso de la Unión “reducir aún más el gasto”, en unos 220 mil millones de pesos adicionales o 91.7 por ciento más al recorte por 239 mil 700 millones de pesos planteado por el gobierno federal en el paquete económico 2017.
Criticó que el ajuste se aplique principalmente en la inversión para infraestructura y, en cambio, las participaciones federales a los estados se incrementen 8 por ciento, al tiempo que insistió en que se incluyan en el paquete incentivos y facilidades fiscales para las empresas, como la deducción plena de las prestaciones laborales.
“La deuda como proporción del PIB aumentará casi tres puntos base, a cerca de 53 por ciento del PIB, a fines de 2017. Esta cifra no incluye la deuda de los estados y municipios que es de prácticamente 3 puntos del PIB. Es decir, a finales de 2017, si no hacemos mayores ahorros, tendremos una deuda de 55 por ciento con respecto al PIB”, alertó el organismo cúpula del sector privado en su mensaje semanal.
Así que sostuvo que “la única posibilidad” para que la deuda no suba hasta ese nivel es llevar a cabo “una reducción adicional a los programas no prioritarios: alrededor de 220 mil millones de pesos adicionales. El Congreso de la Unión todavía puede y tiene la responsabilidad de revisar el gasto a la baja, dando prioridad a mantener programas sociales que realmente apoyan a los grupos de menores ingresos y reducir aquellos que han mostrado poca eficacia y regresividad”.
Para pugnar por ello, ratificó que el sector empresarial mantendrá “una posición activa” con posicionamientos y propuestas, así como una comunicación constante con los legisladores federales y la Secretaría de Hacienda durante todo el proceso de aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos, que a más tardar se deben aprobar el 31 de octubre y el 15 de noviembre, respectivamente.
Poco impacto del recorte
En su primera evaluación sobre el paquete, el CCE consideró que “va en el sentido correcto en cuanto a la necesidad prioritaria de ajustas el presupuesto y generar confianza en los agentes económicos”. Si bien reconoció que el panorama da poco margen de maniobra, puntualizó: “estamos convencidos que se puede hacer un esfuerzo mayor para asegurar la estabilidad en las finanzas públicas que mantienen vulnerabilidades muy importantes y con ello blindar la propia estabilidad de la economía nacional frente a riesgos como el déficit en cuenta corriente, un nivel de inflación que pudiera afectar el mercado interno y nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros”.
“Hoy es el momento de discutirlo en el Congreso, esperamos que todavía podamos dar un avance más en el ahorro que requerimos… debe analizar todas la oportunidades que tenemos para reducir aún más el gasto”, expuso Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, en un mensaje videograbado.
El CCE fustigó que en el recorte por 228 mil 500 millones de pesos en el gasto programable se “reduce bastante el impacto del ajuste ya que el gasto total sólo bajaría 84 mil millones de pesos” debido a que el gasto no programable, referido a recursos ya comprometidos por el pago de intereses, ascenderá a 90 mil 500 millones de pesos y las participaciones en los estados en lugar de bajar crecerán 8 por ciento al sumar 37 mil 300 millones de pesos, por lo que es urgente que cuenten con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
También se mostró inconforme que el recorte “siga cargándose al gasto de capital, es decir la inversión física y principalmente infraestructura, 204 mil millones de pesos, casi 27 por ciento en términos reales, mientras la disminución en el gasto corriente es de 112 mil 500 millones de pesos, básicamente en una disminución a subsidios que son inoperantes”. Apuntó que las pensiones siguen en ascenso y el próximo año absorberán 88 mil 600 millones de pesos, un problema estructural para el organismo debe desactivar con previsión en los próximos ejercicios fiscales.
“Todo esto impide que la necesidad de financiamiento se reduzca significativamente ya que el balance presupuestal se mantiene en niveles altos de más de 495 mil millones de pesos”, a los que se agregan los requerimientos por IPAB, Pidiregas y otros conceptos para sumar en total 571 mil millones de pesos. Así que “la deuda seguirá creciendo para cubrir el faltante, para poder pagar los intereses y los compromisos que ya tenemos: la deuda crecerá 2.8 por ciento del PIB durante 2017, porque aunque la meta de un superávit primario de 0.4 por ciento del PIB es adecuada no es suficiente”.
En cuestión fiscal, lamentó que varias de las propuestas del sector empresarial quedaran fuera pero sostuvo que hay algunas fundamentales que deben atenderse, como que la tributación especial para pequeñas empresas se aplique a las que vendan menos de 12 millones de pesos al año, la deducibilidad plena de las prestaciones laborales, tratamiento fiscal para los desperdicios industriales, deducción de 100 por ciento en gasto preoperativo del sector minero y advirtió que en dos o tres años tiene que llevarse una nueva reforma fiscal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario