Fuente: Redacción
El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que las nuevas condiciones del mercado de hidrocarburos, con el cual se liberaron las tarifas y se aumentó el precio de la gasolina desde el primer minuto de este 2017, generarán una presión adicional a la economía interna.
Debido a ello, la organización destacó que México vive momentos de retos excepcionales de carácter interno y externo, ante los cuales hay que actuar con serenidad, con rapidez, efectividad y unidad en todos los sectores.
En este sentido, el CCE señaló que “necesitamos una estrategia conjunta entre la sociedad y el gobierno para combatir la inflación, promover la inversión y defender el empleo, con un crecimiento sólido, equitativo y permanente para todos los mexicanos.
Por ello, propuso un paquete de medidas de política económica de aplicación inmediata en tres ámbitos: fiscal, gasto e ingresos; política monetaria; fomento a la inversión y el empleo; Banca de Desarrollo.
Las condiciones económicas del mercado de hidrocarburos, de tasas de interés, de los principales commodities, del movimiento de capitales, así como de las reglas internacionales del comercio y los equilibrios geopolíticos por el cambio en la presidencia de los Estados Unidos, han modificado sustancialmente el contexto en el que fueron elaboradas las principales variables de la política económica para 2017 aprobadas por el Congreso de la Unión.
En razón de ello, el sector privado del país ratifica su compromiso inalterable con México y manifiesta su disposición a colaborar en la puesta en marcha de un programa que dé respuesta a las contingencias que enfrentamos hoy y las que viviremos en las próximas semanas y meses.
Asimismo, reiteró estar a favor de las reformas estructurales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión representan una plataforma largamente esperada para detonar el desarrollo sostenido y generalizado para el país.
“Sabemos que sus resultados se percibirán en el mediano y largo plazo, por lo que deberemos perseverar para cosechar los frutos que hacia adelante brindarán importantes beneficios para la sociedad mexicana en su conjunto”.
Entre las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial en cuanto a medidas de Política Económica para el 2017 se encuentran: Garantizar un creciente superávit primario, así como Establecer como meta y cumplimentar una reducción de la deuda del Gobierno Federal, manteniéndola en niveles menores a 40 por ciento del PIB.
Asimismo, definir un mecanismo para que los ingresos adicionales a los aprobados por el legislativo, no se traduzcan en más gasto, sino se destinen a la reducción del déficit; racionalizar el ejercicio del gasto y establecer una meta de reducción real con respecto al gasto autorizado para 2017 y dar prioridad al presupuesto autorizado, y sin incrementar los egresos ni el déficit, canalizar mayores recursos al gasto público en infraestructura.
Cabe destacar que también es urgente reducir el gasto en consumo corriente del gobierno; revisar las opciones fiscales para contrarrestar las modificaciones impositivas que pudieran tener lugar en EEUU.
En cuanto a la política monetaria, destacó el hecho de mantener la flexibilidad del tipo de cambio; en la medida necesaria ajustar la tasa de interés y que el excedente de operaciones del Banco de México debe ser usado al 100 por ciento para reducir la deuda pública.
Respecto a la inversión y empleo, ante la necesidad de acrecentar la inversión nacional y extranjera, es preciso establecer una política de estímulos fiscales a nuevas inversiones que tenga un efecto inmediato, con el objeto de acelerar la toma de decisiones y así propiciar más empleo y evitar una caída más pronunciada del crecimiento y un avance insuficiente de la masa salarial.
Ante lo cual se recomienda valorar mecanismos de depreciación acelerada, o la deducción al 100 por ciento del gasto en inversión, bajo un esquema similar al del IETU, que podría asociarse o condicionarse a la creación de empleos formales. Los incentivos directos son fundamentales.
Finalmente, en materia de banca de desarrollo, sin eliminar aún la meta cuantitativa -habrá que sustituirla por metas de impacto económico-, garantizar que los créditos privilegien proyectos con mayor creación de empleos y a aquellos cuyo esfuerzo beneficie a empresas que se integren a las cadenas de valor vinculadas a exportaciones.
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