Fuente: Redacción
La Confederación Patronal de la República Mexicana que encabeza Gustavo de Hoyos Walter, expresó la exigencia del sector empresarial a los legisladores para designar, a brevedad, a más de 45 servidores públicos que encabezarán organismos que son pilares de nuestra democracia y de nuestra economía.
A través de un comunicado, el sindicato patronal consideró urgente que, en especial los senadores, antepongan su responsabilidad como representantes ciudadanos a sus intereses partidistas o personales.
Es necesario que todos los nombramientos se realicen en tiempo y forma, según lo establece la ley de cada materia; pero sobretodo que se privilegie siempre la capacidad y la trayectoria de los aspirantes.
Coparmex sostuvo que su tarea ciudadana es exigir que los legisladores asuman a plenitud su papel de contrapeso constitucional y democrático frente a los poderes Ejecutivo y Judicial.
Lo anterior debido a que el incumplimiento por el Senado de los plazos establecidos para designar a los funcionarios constituye una amenaza para la vida institucional de dichas organizaciones y afecta la toma de decisiones de órganos colegiados, al tiempo que genera incertidumbre para los ciudadanos.
Cabe mencionar que el Senado de la República enfrenta en esa tesitura para fechas próximas el gran reto de designar a más de 45 servidores públicos que encabezarán organismos que son pilares de nuestra democracia y de nuestra economía, en especial y en el muy corto plazo en algunos cargos derivados de las reformas legales en materia de combate a la corrupción, de la transparencia, de la procuración y de la administración de Justicia, que son prioritarias para el desarrollo de México.
Uno de los nombramientos que más interesa a la sociedad es el del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Si bien no existe una fecha límite para tal designación, ésta debe coincidir con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual sucederá el 9 de abril de 2017.
Adicionalmente, y antes del 19 de julio deben de ser nombrados 26 integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es fundamental que el proceso de selección de los magistrados de las salas especializadas en materia de corrupción de ese Tribunal, y que serán pieza clave para que los actos de corrupción sean juzgados y sancionados, se realice de forma transparente y ejemplar.
La cámara alta también debe nombrar a los magistrados del tribunal superior agrario y del tribunal unitario agrario.
Como elemento clave para el buen funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, el Senado tiene también pendiente definir su postura en torno de la reforma al Artículo 102 de la Constitución y transitorios que otorgaron autonomía a la Fiscalía General de la Nación.
La transición de la Procuraduría General de la República se debe fundamentar en criterios técnicos, no políticos, a fin de lograr una futura Fiscalía General con capacidad técnica, operativa y de gestión, independiente para investigar y apta para funcionar de acuerdo al nuevo Sistema de Justicia Penal, entre todos los actores que intervienen en la procuración de justicia, incluyendo la sociedad civil. Por supuesto, consideramos que la Fiscalía General deberá de mantener su autonomía.
Ahora bien, no solamente en el ámbito de la procuración y la administración de justicia, el senado debe realizar nombramientos trascendentales.
La Cámara alta también debe efectuar designaciones de los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la misma forma de un consejero independiente para las empresas productivas del Estado como lo son PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, Además, este mismo año deben ser designados un nuevo vicepresidente del INEGI y el gobernador del Banco de México.
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