Fuente: Redacción
La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó por 31 votos a favor y tres en contra, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual contempla recursos por cinco billones 279 mil 667 millones de pesos, que significa un incremento de 43 mil 291 millones de pesos, respecto de la propuesta del Ejecutivo.
La presidenta de esta instancia legislativa, Gina Cruz Blackledge (PAN), informó que los dictámenes y sus expedientes serán enviados a la Mesa Directiva para su programación y desahogo en el Pleno, así como las reservas y los votos particulares que se tramitarán para su discusión.
La legisladora explicó que durante el análisis del proyecto, se presentaron y expusieron los cambios propuestos ante la Junta Directiva de la Comisión, los cuales se incorporaron al documento.
El secretario de la Comisión, diputado Jorge Estefan Chidiac (PRI), comentó los cambios propuestos a la Carátula de Criterios Generales de Política Económica respecto al marco macroeconómico que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de septiembre.
Sostuvo que son 14 los puntos que la gran mayoría de los grupos parlamentarios aportaron y existe un gran consenso por estos cambios.
Explicó que derivado de un análisis minucioso y más reciente sobre las expectativas, tanto en el tipo de cambio como en el precio del petróleo, se ajustó el precio por barril en dos dólares y medio al alza, para pasar de 46 a 48.5 dólares. Además, se determinó un aumento en las expectativas del tipo de cambio de 18.1 a 18.4 pesos por dólar.
Además, luego de un estudio más profundo respecto de la eficiencia recaudatoria que pudiera tener el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se generó un incremento en la Ley de Ingresos de la Federación, respecto a lo que inicialmente presentó el Ejecutivo, de 43 mil 291 millones de pesos. “Es el aumento que tendrá el cálculo inicial”.
Explicó que el PRD solicitó modificar el techo de endeudamiento del gobierno de la Ciudad de México, el cual era de 4.5 mil millones de pesos (mdp) en la propuesta original, y se elevó en mil millones, de manera que quedará en 5 mil 500 mdp.
Otro punto de modificación, solicitado por varios grupos parlamentarios, obliga al Ejecutivo a reportar el gasto de inversión que no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario en los informes trimestrales. Es un avance importante en materia de transparencia, comentó.
Un cuarto cambio en el dictamen es sobre el estímulo a la importación de diésel, biodiesel y sus mezclas, el cual debe aplicar tanto a la producción nacional como a la importación, derivado de la apertura que hay en el país.
El quinto punto es sobre la no acumulación para efectos del ISR de los donativos de personas morales y fideicomisos, para recibir donativos deducibles respecto al tema del sismo.
“Debemos ser sensibles y apoyar lo más que podamos a los afectados por el sismo. Habrá personas que reciban apoyos monetarios o físicos para la reconstrucción o reparación de casas habitación, que no provengan de recursos fiscales y tendrían que pagar impuestos por recibir esas ayudas, así también donaciones del extranjero para este tipo de personas”.
El séptimo, se refiere a exigir, en términos de la Ley sobre el Impuesto sobre la Renta, información adicional a las donatarias del país respecto al uso que hacen del dinero privado que reciben en donación. “Se necesita que las donatarias den a conocer a las autoridades cómo gastan el dinero que reciben; por ejemplo, los salarios de los directivos y las prestaciones que se les dan, porque es un dinero privado y también en muchos casos público, y se requiere que rindan cuentas”.
El octavo, es sobre abrir la oportunidad para que los recursos federales no devengados puedan utilizarse para fortalecer las finanzas de las entidades federativas o para atender desastres naturales. “Es dar la oportunidad de libertad de que en este momento de los sismos, esos recursos federales puedan ser reasignados para estos fines”.
La modificación novena se refiere a continuar con la obligación de Pemex de difundir, en su portal de Internet, una versión pública de su Plan de Negocios, lo cual establece una continuidad, que ya se hizo el año pasado.
El punto 10, establece el descuento de 50 por ciento en los derechos por los servicios educativos y consulares. Es el único espacio para continuar apoyando a todos los mexicanos en el extranjero en la solicitud de pasaportes y certificación de estudios, indicó.
El punto 11, es brindar facilidades para regularizar adeudos de las entidades federativas, municipios y dependencias locales con el ISSSTE, por cuotas, aportaciones y descuentos.
El 12 plantea que estados y municipios, dentro del Capítulo 1000 de Servicios Personales, puedan contratar por dos años personal que apoye los programas de reconstrucción, derivado de los daños provocados por los sismos, sin afectar el techo de ese apartado que regula la Ley de Disciplina Financiera.
La modificación 13 señala facultades para el cumplimiento de obligaciones laborales en materia de subcontratación, para que las empresas regularicen la información que tiene que presentar sobre el esquema tecnológico del Sistema de Administración Tributaria, en el presente año y el próximo.
El punto 14, son los bonos de carbono que la Comisión de Medio Ambiente solicitó desde el año pasado, y se vuelve a incluir como facilidad en la Ley de Ingresos.
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