Alfredo
Neme Martínez, vocero de la Federación Latinoamericana de Mercados de
Alimentos, solicitó al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, incluir a los
comerciantes de las 65 centrales de abasto del país en el Pacto Fiscal previsto
a ser firmado, con la iniciativa privada, en febrero próximo.
El
vocero de FLAMA defendió el derecho de este sector productivo a ser incluido
para tener estabilidad tributaria y reglas claras en
el pago de impuestos en los próximos y propuso cambios en el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) por violentar los derechos de los
contribuyentes en materia fiscal al emitir criterios que muchas veces van en
contra de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior lo sustentó al dar a conocer las recomendaciones y
medidas preventivas y correctivas que la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente hizo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) entorno a la
imposibilidad de los miembros del sector primario para dar efectivo cumplimiento
a sus obligaciones fiscales y su repercusión en los sujetos que comercializan
sus productos, mismos que se ubican en las 65 centrales de abasto que hay en el
país.
Alfredo Neme Martínez, vocero de FLAMA, indicó que de acuerdo al
oficio número PRODECON/SASEN/31/2014 Recomendación Sistémica 001/2014, dirigido
al Sistema de Administración Tributaria con copia de la resolución al
Presidente Nacional de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Centrales
de Abasto A. C., Arturo Fernández Martínez, se sugiere al SAT garantizar a los
contribuyentes el debido respeto a sus derechos fundamentales.
En la recomendación emitida por la Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente detalla la institución que los derechos fundamentales de los
contribuyentes están sustentados en contribuir al gasto público de forma
proporcional, equitativa y garantizar certeza jurídica en las disposiciones
fiscales que les aplican.
El vocero de la Federación Latinoamericana de Mercados de Alimentos, dijo
que lo anterior otorga sustento a la petición de ser incluidos en el Pacto
Fiscal con el Gobierno Federal pues la Procuraduría de Defensa de Contribuyente
recomienda al SAT dar continuidad y permanencia a la expedición de facilidades
administrativas para el sector primario a través de las resoluciones
correspondientes.
Lo
anterior, agregó, debe considerar aspectos como el nivel académico, social,
económico y acceso a servicios de los contribuyentes a quienes se les otorgan;
considerar las diferencias de operación entre los integrantes del sector
primario (grandes, pequeño y medianos productores) así como diferenciar zonas
geográficas, tipo de productos y destino de los mismos (consumo nacional,
importación u otros).
Por
lo que respecta a los comerciantes de las Centrales de Abasto, la PRODECOM pide
dar continuidad y permanencia a la expedición de oficios con base en lo
dispuesto en el artículo 36 del Código Fiscal Federal a los miembros de la
CONACCA o a cualquier asociación, cámara o confederación que lo solicite y que
se vincule con el sector primario.
Las
consideraciones al respecto de la PRODECON son, dijo Alfredo Neme Martínez: la oportunidad
de dar la expedición de las facilidades fiscales a fin de evitar colocar a
estos contribuyentes en expectativa e inseguridad jurídica, permitiendo el
desarrollo de las actividades del sector bajo un margen de estabilidad y
seguridad.
Además,
distinguir las diferencias de operación entre los miembros de la propia
Confederación así como el tipo de productos que comercializan y la zona
geográfica en la que la llevan a cabo.
Se
propone además en ese desconcentrado, establecer mesas de trabajo
intersecretariales en las que participen las diferentes autoridades que de
forma directa o indirecta tengan injerencia en temas que puedan determinar un
régimen proporcional y equitativo para el cumplimiento de las obligaciones
fiscales de los sectores primarios y de abasto.
Por
tanto las autoridades vinculadas, establece la PRODECON, son la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría
de Gobernación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de
conocer con precisión la realidad que impera en el campo mexicano, el
porcentaje real de la población rural susceptible a ser inscrito al Registro
Federal de Contribuyentes y cualquier dato o factor para dar solución a esta
problemática.
Asimismo,
el vocero de FLAMA destacó el hecho de que en la citada recomendación convoca a
escuchar las opiniones de los organismos no gubernamentales especializados en
la materia, entre ellos la Confederación Nacional de Comerciantes de Centros de
Abasto A.C, la CNA y la ANEC.
Finalmente,
dijo, se advierte que de no considerar la potencial problemática del sector
primario y de abasto así como de la seguridad y soberanía alimentaria, las
consecuencias en las próximas décadas serán dañinas por lo que deben existir
subsidios, asesoría y, sobre todo, disposiciones legales, justas y accesibles
que fomenten su desarrollo y consideren sus carencias y debilidades.
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