La Secretaría de Hacienda
denunció una red delincuencial de 31 importadores que por medio de 53
proveedores —la mayoría de origen asiático— y la participación de 22 agentes
aduanales, que introducían mercancías al país a un precio por debajo del real,
generando un daño fiscal por mil 431 millones de pesos, cantidad que según el
sector puede llegar a ser de 10 mil millones de pesos.
Se utilizaban a 113 empresas
con fachada de reciente constitución que no declaraban impuestos para
transferir recursos al extranjero.
Por ese motivo se embargaron
cuentas bancarias a 85 empresas; está en proceso la cancelación de patentes a
los agentes aduanales involucrados, se dio de baja a las importadoras del
padrón de comercio exterior y en las próximas semanas se darán a conocer
medidas para evitar que se sigan llevando a cabo esas prácticas detectadas en
las aduanas de Manzanillo, Nuevo Laredo, Lázaro Cárdenas y en la del aeropuerto
de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, el
titular de la dependencia, Luis Videgaray, dijo que el contrabando técnico o
subvaluación afecta a empresas del ramo textil y del vestido en perjuicio de
420 mil mexicanos que dependen de estas dos industrias.
Las empresas simuladoras se
aprovechaban de fallas del Poder Judicial que desde octubre de 2013 operaba con
una especie de amparos otorgados por jueces sobre todo en Baja California, para
evitar ser revisados en las aduanas.
Por su parte, el jefe del
SAT, Aristóteles Núñez, explicó que no se podía revelar el nombre de las empresas
porque se está terminando de armar las averiguaciones, pero que ya no podrán
seguir operando en el país.
Dijo que no son grandes
firmas sino empresas de reciente creación que simulan operaciones con facturas
falsas, declarando operaciones por un valor de 216 millones de pesos, y la
mayoría de sus proveedores son de origen asiático, es decir, de China, Hong
Kong, Singapur y Corea del Sur aunque también de Panamá, Islas Vírgenes y en
menor medida de Estados Unidos.
Incluso mencionó que algunas
compañías son las mismas que están haciendo contrabando técnico en la industria
del calzado.
De los 31 importadores
detectados en la industria textil y del vestido, 70 por ciento tienen amparo,
precisó, cuyos nombres se repiten con algunos que introducen calzado al país.
“Sí coincide también,
inclusive, con operaciones de juguete o de vehículos importados, es decir, el
amparo otorgado por los jueces de distrito señalados en el estado de Baja
California, genera para ellos una suspensión definitiva, corrijo, no es amparo,
sino es una suspensión definitiva; les genera a ellos un marco que les permite
internar a este país cualquier tipo de mercancía sin que sea sujeta al
reconocimiento o la revisión aduanera por parte de la autoridad”, explicó.
El presidente de la Cámara
de la Industria Textil y del Vestido, Moisés Kalach, denunció que en los
últimos 12 a 18 meses el nivel de ilegalidad en ese sector ha llegado a
términos exorbitantes y ha tomado a la planta productiva “como rehén”.
Acusó que estos hechos
fueron generados principalmente a través de la corrupción de jueces que
otorgaron amparos y llevaron al nivel de subvaluación por arriba de 50 por
ciento de las importaciones totales.
Estimó que según los
cálculos del sector, la evasión fiscal generada por la subvaluación de
mercancías en textil y vestido puede alcanzar una cifra mayor a la identificada
por las autoridades.
“Los cálculos de nuestra
industria nos hacen creer que la evasión fiscal puede llevarse a niveles de
entre 8 mil y 10 mil millones de pesos, el equivalente a mil 200 millones de
prendas que han entrado subvaluados a nuestro país en los últimos 18 meses,
esto es, niveles de 10 prendas aproximadamente por habitante, lo cual creemos
que es algo totalmente exorbitante”.
El empresario enfatizó que
la ilegalidad inhibe crecimiento, inversión, “creatividad y moda”; en cambio,
la legalidad estimula la “competencia, genera certeza, alienta a los
empresarios y mejora a México”.
Por esa razón, sentenció que
mientras que se tolere el contrabando técnico “no tendremos una innovación y un
crecimiento”, por eso se debe combatir de manera frontal la ilegalidad.
Luis Videgaray aseguró que
el objetivo de estas acciones es promover el Estado de derecho, combatir la
impunidad y la ilegalidad, pero sobre todo generar condiciones para la
inversión productiva y la creación de empleos.
“Estamos trabajando con la
industria para establecer un paquete de medidas específicas a los textiles y al
vestido, que permitan darle un impulso a esta gran industria mexicana y tomar
medidas preventivas precisamente para que este tipo de actividad ilegal no
vuelva a ocurrir”, anunció.
Advirtió que no quedará
impune ese delito que en la ley está tipificado como subvaluación o contrabando
técnico, cuando alcanza un valor de más de 70 por ciento del costo de los
insumos y es una práctica que se ha venido generalizando desafortunadamente en
los últimos meses.
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