Cerrar puerta a monopolio y corrupción en tema de vivienda: Coparmex

Fuente: Redacción 

La Confederación Patronal de la República Mexicana en el Distrito Federal demandó a la Asamblea Legislativa dejar sin efecto el proyecto de la Norma 26 que contempla modificaciones en la ordenación general de desarrollo urbano que incentiva la vivienda social.

Luis Beato, presidente de Coparmex D.F, se pronunció por arrancar un nuevo diseño de este proceso de construcción de la mencionada norma, con plena apertura y transparencia a la sociedad.

“Nos preocupa de sobremanera, que de aprobarse la norma propuesta, dotará a las autoridades vinculadas al desarrollo urbano y a la vivienda, de capacidades discrecionales que a todas luces crearán oligopolios en el sector”.

Esta situación a decir del dirigente patronal en la Ciudad de México, generará un campo fértil para actos de corrupción, la forma en que está planeada la Norma 26, insistió, dará a los constructores de “vivienda social”  beneficios fiscales y económicos.

Beato González, explicó que el proyecto que se encuentra en discusión entre los asambleístas, mezcla, “en un sinsentido”, la posibilidad de construcción de vivienda popular con la media, con el objetivo de acceder a incentivos fiscales y económicos, en donde los desarrolladores inmobiliarios de gran tamaño serán beneficiados.

Lo que deja al descubierto que el proyecto de modificaciones a la Norma 26, como está, no incentivará la creación de vivienda popular, si no que creará un mercado de incentivos perversos, que terminará dañando de forma irremediable el desarrollo sostenible y sustentable de la vivienda en la Ciudad de México.

Situación que seguirá afectando a los que menos tienen y eliminando cualquier posibilidad de planeación urbana.

José Luis Beato, insistió así en la construcción de una norma que cumpla con la pulcritud técnica y legislativa necesaria y que su contenido responda a una estrategia ordenada y generadora de crecimiento económico a base de competencia y competitividad en el sector inmobiliario y de la construcción para la Ciudad de México.

Sostuvo que un albazo desde la ALDF en torno a esta norma, sería darle la espalda a los ciudadanos, beneficiar el interés de pocos, generar espacios para la corrupción y colocar en la indefensión jurídica y económica a cientos de empresarios pequeños y medianos del sector inmobiliario y de la construcción que operan en la Ciudad de México.