Fuente: Redacción
El Sistema Nacional Anticorrupción debe acabar con el “agujero negro”, en donde en una década se han perdido más de 86 mil millones de dólares, por desvíos, subejercicios, despilfarros o pagos indebidos.
Así lo manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani, quien afirmó que ya no se puede permitir que, cada año, la Auditoría Superior de la Federación presente sus resultados, dando cuenta de graves irregularidades, opacidad, desvíos y posibles fraudes, sin que haya las investigaciones o las correcciones necesarias, ya no digamos sanciones.
“El sistema anticorrupción tiene que ser punto de inflexión para revertir un nivel de opacidad que ha crecido más de 80 por ciento en los últimos siete años, en términos del monto de recursos que acaban con un destino desconocido o confuso, en un agujero negro de más de 56 mil millones de pesos en el último reporte de la Auditoria Superior”.
En este sentido el líder de los empresarios a nivel nacional dijo que el daño que ha provocado la corrupción tiene consecuencias incalculables, afectando en los renglones más sensibles para la población, como seguridad pública, ya que el gasto de los estados creció casi 100 por ciento en una década, pero en el mismo lapso se duplicaron los delitos del fuero común.
Por ello, hizo un llamado a los senadores, legisladores estatales y los gobernadores, para que se complemente el proceso constitucional en su integridad en este periodo ordinario de sesiones y que se pase lo antes posible a la fase crítica de implementación.
Para el dirigente empresarial, resulta fundamental que tanto la Auditoría Superior de la Federación como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenten facultades y la competencia para casos de corrupción en estados y municipios, en función de su gravedad o procedencia de los recursos.
Urgió a abatir la opacidad y falta de control que se presenta a nivel local, toda vez que explicó que en lo que va del siglo, los estados y municipios han recibido más de 355 mil millones de dólares en recursos federales.
Un gran porcentaje de éstos, indicó el dirigente del CCE, correspondiente al enorme excedente petrolero en los años de altos precios, se ha esfumado entre el dispendio, la opacidad y la mala administración.
Lo anterior como consecuencia del amplio espacio para la discrecionalidad y la impunidad de funcionarios, mandatarios y estructuras caciquiles, que manejan los presupuestos públicos con un claro enfoque patrimonialista.
En este sentido y dado que en adelante, se obligará a los servidores públicos a presentar, además de su declaración patrimonial, la de posibles conflictos de intereses, el sector empresarial propuso, además, aclarar la procedencia de la exención de dominio en casos de enriquecimiento ilícito.
Para lo cual, finalizó el empresario, resulta indispensable reforzar y profesionalizar los sistemas de inteligencia financiera e investigación patrimonial, para poder documentar y llevar a proceso a servidores públicos y políticos corruptos.
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