Fuente: Redacción
La corrupción e impunidad en México, son fenómenos que más allá de ser una percepción, dejan al país una enorme pérdida económica para los gobiernos, ciudadanos y empresas.
Gerardo Gutiérrez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ambos fenómenos representan una dura y costoso realidad y donde la aplicación y alcance del sistema anticorrupción recién aprobado por el Congreso no habrá de tener excepciones.
Se trata de acciones que no habrán de minimizarse, pues representan retos estructurales y sistémicos, derivados de causas y factores de enorme complejidad y profundidad.
Son fenómenos, indicó Gutiérrez Candiani, que agudizan la falta de credibilidad y confianza en las instituciones, fragmentan la cohesión social y la relación entre gobernantes y gobernados.
“Se descompone más el tejido social, mientras persiste la inseguridad pública y los males que enfrentamos de inequidad e injusticia”.
El dirigente de la máxima cúpula empresarial, celebro por tanto la aprobación de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de las reformas constitucionales que crean el Sistema Nacional Anticorrupción, las cuales indicó representan un gran paso, fundamental para México.
Y que permitirán “la consolidación de un régimen de Estado de derecho en las leyes y en los hechos, en el marco de la gobernabilidad democrática, requisito para aspirar a ser una nación moderna, con justicia para todos, cohesión social y encarrilada en el desarrollo sostenible”.
Toca ahora a los mexicanos, indicó el dirigente del CCE, vigilar el correcto proceso de las acciones aprobadas, las cuales seguirán una compleja trayectoria para su pronta concreción y puesta en marcha.
Llamó a las legislaturas estatales, para que ratifiquen las reformas, que no se retrase innecesariamente su instrumentación, y exhorto a los gobernadores, para que respalden este nuevo marco legal, en pro de la legalidad y la gobernabilidad democrática.
En este sentido, Gutiérrez Candiani, dijo que como sector, los empresarios se han comprometido ya con el desarrollo de este proceso, por lo que respaldan iniciativas como "anticorruptómetro", a fin de monitorear el avance.
Pues se requiere, finalizó “pasar de los escándalos mediáticos a averiguaciones previas y procesos judiciales puntuales para los casos que se conocen, y los que permanecen en la opacidad, de delitos bien tipificados, más allá de la corrupción en abstracto: tráfico de influencias, cohecho, extorsión, fraude, prevaricación o malversación de fondos”.
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