Por Redacción
Legisladores federales del PRD y PRI presentaron ayer
un Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara de Diputados en el que exhortan
al gobierno federal a atender la petición de los industriales nacionales de
abrir una mesa de diálogo para evaluar la política comercial del país, y
establecer medidas para evitar las prácticas desleales que traería consigo el
proyecto Dragon Mart Cancún.
La proposición, presentada por la diputada perredista
Graciela Saldaña Fraire, de Quintana Roo; y firmada, entre otros, por los
diputados guanajuatenses Francisco Arroyo Vieyra y Miguel Alonso Raya, fue
turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de
Economía, para su dictamen.
En el Punto de Acuerdo, los diputados afirman que “la
operación de Dragon Mart implicaría prácticas de dumping operadas en una
especie de ínsula china dentro del territorio mexicano sin el empleo de mano de
obra mexicana, pero sí con el empleo de trabajadores chinos bajo condicionantes
laborales y salariales propias de aquél país, en franca violación a lo
establecido por las leyes federales del trabajo e inversión extranjera y de
leyes del comercio exterior”.
Resaltan además que “China tiene 643 quejas por malas
prácticas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), con lo que casi
alcanza el 30% de las inconformidades de los países a nivel mundial”.
En este sentido, demandan a la Secretaría de Economía
“a emprender una investigación respecto al potencial impacto económico en los
factores de la producción, así como las posibles violaciones a la Ley de
Comercio Exterior y Ley de Inversión Extranjera relacionados con el proyecto de
construcción y operación de Dragon Mart Cancún”.
Asimismo, consideran que “la implementación del
proyecto Dragon Mart, implica violaciones al programa de ordenamiento local del
municipio de Benito Juárez, destinado a la protección de especies endémicas y
nativas, así como la Norma Oficial Mexicana 059, Semarnat 2010”.
Al respecto, acusan que “los inversionistas presentan
una manifestación de impacto ambiental autorizada por el gobierno del estado de
Quintana Roo, a través del Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira)
hecha a la medida de la empresa Dragon Mart, donde niega la existencia de
especies endémicas protegidas en la zona”.
Con este exhortó al gobierno federal, los legisladores
respaldan una vez más las demandas de la Cámara de la Industria del Calzado de
Guanajuato, (CICEG), del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), y de
diversos organismos empresariales nacionales; que rechazan la instalación de
Dragon Mart Cancún, porque pone en riesgo la estabilidad social y económica de
miles de familias de Guanajuato y del resto del país.
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