Inseguridad, expediente abierto: CCE

Fuente: MexicoNuevaEra.com

Frente a la ola de violencia permanente en México, el sector empresarial desempolvó la demanda de crear un Mando Único Policial y exigió al Congreso de la Unión la inmediata conformación de la Comisión Nacional contra la Corrupción. 

Gerardo Gutiérrez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que pese a las estrategias adoptadas por el Ejecutivo Federal, el incremento en temas como el secuestro y la extorsión, confirman que el reto de la inseguridad pública continúa como el expediente abierto más delicado para México. 

A través de su video-mensaje semanal, el dirigente empresarial demandó a las autoridades resolver las fallas estructurales que existen en las policías y órganos civiles de prevención y procuración de justicia para evitar crisis como la ocurrida en el puerto de Lázaro Cárdenas, en donde si bien era necesario el apoyo del Ejército, se debe cuidar que las acciones sean temporales y no una medida permanente. 

El líder del organismo cúpula del sector privado, se dijo preocupado por el incremento, ante la falta de apoyo federal y local, de los llamados grupos de autodefensas, que a través de actos que rayan en el terrorismo y criminalidad, ejercen de facto, un poder paralelo al de las instituciones.

Gutiérrez Candiani, recordó que en las zonas más afectadas, las actividades de diversos sectores económicos, se ven amenazados, deteriorados o interrumpidos, por robos, secuestros y la extorsión por diversos medios; como es el cobro de piso, de derecho de paso, por hectárea, por cabezas de ganado o como cuotas sobre la producción y los procesos de negocio. 

Los mexicanos, apuntó tenemos “que asegurarnos, como sociedad y en los tres órdenes de Gobierno y los poderes de la Unión, que no se relegue a segundo plano el desafío de la delincuencia. Esto implica la necesidad de mayor claridad en las estrategias y los compromisos, y desde luego, objetivos y resultados concretos que generen confianza de que el problema está en vías de solución”. 

Ello tras advertir “que preocupa que se incumplan compromisos realizados públicamente para implementar las medidas necesarias para que los gobiernos, en sus tres órdenes, puedan responder con eficacia al desafío de la delincuencia. Hay avances importantes en algunas entidades y a nivel federal, pero en algunos compromisos como la depuración de policías estatales y municipales, así como la sistematización de un control de confianza efectivo, vuelven a vencerse plazos para completar procesos que debieron quedar listos hace años”. 

Ante este panorama, el dirigente del CCE, consideró urgente dotar a las fuerzas armadas de un marco legal adecuado, reforzando las leyes reglamentarias del Artículo 89 Constitucional, para que pueda operar con certidumbre jurídica y evitar la colusión. 

Sobre todo, cuando en muchas localidades, la delincuencia y policías cohabitan, al trabajar prácticamente en equipo, mientras la población permanece con miedo y desconfianza, ya que el 96 por ciento de los delitos del fuero común queda sin castigo. Y con lo que la corrupción se ha convertido en el mayor enemigo para los mexicanos,  al fomentar en todos los niveles de gobierno y la sociedad, el flagelo de la impunidad.

Se debe, advirtió, “atacar a las bases de la fuerza de la delincuencia, así como remediar las debilidades del Estado mexicano para enfrentarla; romper sus cadenas logísticas y relaciones con policías y funcionarios públicos corruptos, así como con empresas y particulares que cooperan con el crimen y combatir a fondo el lavado de dinero que cada vez brinda mayores resultados”. 

Comentó que siguen pendientes las reformas para crear policías estatales con mando único y, lamentablemente, no existen mecanismos efectivos para obligar o sancionar a las autoridades de muchas regiones del país, para que cumplan con sus responsabilidades y compromisos y es en este punto donde la participación social es clave, con una mayor exigencia ciudadana, que ya ha generado avances importantes como ocurre en entidades como Nuevo León y Baja California, entre otras. 

“El llamado que hacemos es a acelerar el paso, y que las acciones conducentes se ejecuten en tiempo y forma, para obtener resultados prontos y tangibles. No basta generar planes y compromisos; hay que implementarlos de manera rápida y eficiente. Esta es una lucha de la nación, no solamente de un gobierno”, recalcó el líder del CCE.