Por Redacción
El Consejo
Coordinador Empresarial, demandó celeridad, profesionalismo e inclusión para
desahogar la abultada agenda en que se enmarca la iniciativa para reformar la
Ley Federal de Competencia Económica.
A través de su video-mensaje
semanal, Gerardo Gutiérrez, presidente del CCE refrendó la postura del sector
privado a favor de la libre competencia, al considerarla condición esencial
para el sano desarrollo económico así como en favor de los consumidores, del
crecimiento y la multiplicación de las empresas.
Siempre y cuando,
dicha regulación, apuntó, tome como referente las mejores prácticas
internacionales sin menoscabo de la reforma constitucional y los derechos
fundamentales; para lo cual, es necesario establecer reglas claras, con un
marco legal y regulatorio que promueva la transparencia, el equilibrio
procesal, la equidad, la participación responsable y eficiente del órgano
regulador.
En suma, advirtió, la
iniciativa “debe desincentivar y atacar las acciones anticompetitivas y
monopólicas probadas; no castigar por el tamaño de agentes económicos o la
estructura de un mercado”.
“Apoyamos plenamente
la implementación de todas aquellas medidas que contribuyan a un mejor
funcionamiento de los mercados, al que siempre puedan incorporarse
participantes que aporten capital nuevo, innovación y renovados procesos de
negocio, productos y servicios”.
Reiteró que de incrementarse las facultades del Ejecutivo
Federal para crear nuevas condiciones de competencia a través de decretos o de
instruir al regulador, la autonomía de la COFECE se pone en riesgo.
De ahí que les
preocupe, como sector, la ausencia de límites en las facultades de este organismo
regulatorio en el funcionamiento de los mercados así como el margen para la
discrecionalidad en procedimientos que determinan situaciones como "poder
sustancial" o "dominancia"; lo que contravienen al espíritu del
libre mercado.
Sostuvo que la
procuración de un entorno sano de competencia y la certidumbre legal que
requiere la inversión y el desarrollo económico, no tienen por qué ser
objetivos excluyentes.
Por otra parte, el
dirigente empresarial habló sobre el riesgo que representa el rezago en la aprobación
de la legislación secundaria entorno a las reformas estructurales aprobadas en
2013.
No obstante, indicó que
la inmediatez no planeada puede llevar a “disposiciones o redacciones
contrarias a los principios y objetivos de los cambios constitucionales que
deriven en obstáculos para su realización o que den pie a efectos
contraproducentes”.
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