Por Carlos Velasco
La Comisión Permanente del
Congreso de la Unión advirtió que la depreciación actual del peso frente al
dólar es muestra de la debilidad de la economía mexicana y en las próximas
semanas el tipo de cambio podría impactar de manera negativa a la inflación por
lo que podrían encarecerse diversos bienes de consumo.
Ante tal escenario, Senadores y
Diputados Federales exhortaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
para que en un plazo no mayor a 15 días, informe sobre las acciones realizadas
para estabilizar el tipo de cambio del peso frente al dólar americano,
particularmente, respecto al fortalecimiento del mercado interno así como de
los impactos de la devaluación del peso en la deuda externa.
Asimismo la Comisión Permanente,
pidió que junto con la Secretaría de Economía, se adopten medidas adicionales a
las monetarias para estabilizar el tipo de cambio y que impacten a la economía
real, como el fortalecimiento del mercado interno, la integración de cadenas
productivas para aumentar el contenido nacional de las exportaciones, e
incrementar la competitividad del país para atraer inversiones extranjeras
productivas.
En la última sesión ordinaria de
la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de
Ejercicio de la LXII Legislatura, la Asamblea aprobó en votación económica 33
dictámenes presentados por la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público,
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
En otro de los dictámenes
aprobados, se conminó a las secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito
Público, a informar acerca de la política pública en materia de inversiones en
hidrocarburos para el resto del año, considerando que al término en la primera
licitación de la Ronda Uno, sólo se adjudicaron dos bloques de los 14 licitados
y con ello se redujeron las inversiones de 18 mil millones de pesos, a poco más
de mil 200 millones de pesos.
También se deberá dar cuenta del
recorte presupuestal de la petrolera nacional de 62 mil millones de pesos, en
febrero de este año y el retiro de la Secretaría de Hacienda de 50 mil millones
por “Aprovechamiento”, en diciembre de 2014.
Adicionalmente, se pidió una
explicación de la eventual contracción de las inversiones en el sector de
hidrocarburos y la instrumentación de planes de acción emergentes, para
enfrentar la menor plataforma de producción, refinación, gas y petroquímica, y
por ende, la balanza petrolera y cómo habrán de garantizar la seguridad
energética del país.
En particular, a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público se le pidió una explicación pormenorizada de la
manera en que se blindará la sustentabilidad de las finanzas públicas ante el
escenario de una menor recaudación de impuestos petroleros y ante la
dependencia que aún tienen las finanzas públicas de los ingresos petroleros.
En el dictamen aprobado, los
legisladores manifestaron su preocupación sobre la precariedad financiera de
Petróleos Mexicanos, que incluso no pudo participar en la puja de la Ronda Uno
debido a esta situación.
La Comisión Permanente también
solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un término no mayor
a 15 días naturales, informar al Senado de la República sobre los datos
correspondiente a las coberturas de los precios del petróleo que el gobierno
federal ha contratado desde el año 2012.
Dicha información deberá establecerse
bajo los siguientes lineamientos: el programa de coberturas petroleras que el
gobierno federal ha utilizado año con año desde septiembre del 2012; los
mecanismos y criterios de licitación o asignación aplicados en cada contrato.
Así como las entidades
financieras con las que se ha contratado, los plazos y las cantidades de
petróleo vinculadas en cada contrato; y copia simple de los propios contratos
para conocer en específico las condiciones en las que nuestro país ha venido
asegurando sus ingresos petroleros, según se establece en el resolutivo del
dictamen.
La Comisión Permanente también
avaló un dictamen por el que solicita a los institutos Mexicano del Seguro
Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
impulsar acciones para resolver las problemáticas descritas en los informes
sobre la Situación Financiera y los Riesgos del IMSS 2014-2015, y Financiero y
Actuarial 2015 del ISSSTE.
Lo anterior, luego de darse a
conocer los estados financiero y actuarial de ambas instituciones, en los que
se prevé la urgencia de tomar acciones encaminadas a darles viabilidad y con
ello evitar la posibilidad de la quiebra de las mismas. En 2017, detallan, el
IMSS tendrá gastos superiores a sus ingresos y habrá agotado sus reservas,
tendiendo un faltante de 21 mil 152 millones de pesos, que seguirá creciendo.
En el caso del ISSSTE, la propia
institución ha reconocido que las cuotas y aportaciones serán suficientes para
cubrir los gastos del seguro de salud, incluyendo el uso de reservas, por 8
años; no obstante, los gastos médicos para pensionados desde el primer año de
vigencia de la nueva ley eran insuficientes y en 11 años agotarían sus
reservas.
Por otra parte, se exhortó a las
secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y
de Salud, a definir dentro del catálogo de las actividades que integran los
sectores agrícolas, forestal, de aserradero, silvícolas, de caza y pesca,
cuáles son y cuáles no, las labores peligrosas o insalubres, a fin de que se
brinde oportunidad a los jóvenes mayores de 15 y los que no han cumplido los 18
años de edad, de continuar laborando en estas actividades.
Además, se hizo un llamado a la
Secretaría de Desarrollo Social para que salvaguarde los derechos humanos de
niños y adolescentes que han dejado de trabajar en los campos agrícolas de
Sonora, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas como jornaleros, mediante de una
estrategia de atención especial y focalizada que les permita completar su
educación básica y satisfacer sus necesidades económicas.
Lo anterior, ante la necesidad de
recuperar el marco básico de derechos en el campo y reconocer los derechos de
los trabajadores, en particular de los jóvenes jornaleros agrícolas.
Asimismo, los integrantes de la
Comisión Permanente hicieron un llamado para que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezcan
mecanismos con los que se brinde una solución a los diferentes grupos de
defraudados por empresarios privados del ahorro y el préstamo.
Los legisladores asentaron la
necesidad de que las autoridades competentes actúen con el propósito de dar una
solución al gran número de familias perjudicadas por los diversos fraudes de
las Cajas de Ahorro y Crédito Popular, que atentan contra un grupo de población
que no tiene acceso a la banca tradicional.
Por otra parte, el Pleno de la
Asamblea solicitó al Ejecutivo Federal, que a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, proponga al Congreso una serie de estímulos
fiscales para incentivar las inversiones y el consumo, en el marco del Paquete
Económico de 2016, con el propósito de fortalecer el mercado interno y el
crecimiento de la economía del país.
Adicionalmente, se pidió a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, liquide los adeudos que se
tienen con la población afectada derivados de los daños y afectaciones,
derivadas del derrame tóxico del 6 de agosto del 2014 en los ríos Sonora y
Bacanuchi, en Sonora, y para que se construya la infraestructura necesaria que
garantice la no repetición de otra contingencia ambiental de esta naturaleza en
la entidad.
Asimismo, la Comisión Permanente
urgió a las legislaturas estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, a valorar la pertinencia de legislar sobre las nuevas modalidades del
servicio de transporte de pasajeros en vehículos de alquiler por medio del uso
de tecnologías de la información y la comunicación, propiciando la integración
de innovaciones en la calidad en el servicio, mayor beneficio para los usuarios
y mejores oportunidades laborales para los taxistas.
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