Por Redacción
El
Presidente de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y
Economía Social, Javier López Macías, advirtió que la reforma fiscal aplicable
al 100 por ciento a partir de abril ya genera la venta, renta y abandono de
tierra en el campo mexicano además de que se prevé la suspensión de siembra
para el ciclo primavera-verano de pequeños productores de hasta cinco
hectáreas.
En
entrevista advirtió que resultado de la inoperancia, en el medio rural, de las
nuevas disposiciones fiscales para con el sector primario, se está provocando
el abandono del Procampo debido a que la ley los obliga a que si cuentan con
más de cinco hectáreas deben darse de alta ante Hacienda para facturar y
acceder al programa de Sagarpa.
Javier
López Macías, ante esta situación, hizo un llamado a la Secretaría de
Agricultura, a la Secretaría de Economía y al Sistema de Administración
Tributaria así como a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a
instalar una mesa de trabajo con los representantes del sector primario a fin
de encontrar una salida a esta problemática “pues la informalidad ahora también
se verá en el campo”.
El
dirigente social, expuso que tan sólo en el estado de Tamaulipas hay
productores dueños de 10 hectáreas que ya procedieron a rentar sus tierras ante
la imposibilidad de incorporarse al nuevo esquema fiscal.
Lamentablemente,
dijo, la autoridad hacendaria no comprendió que “hay campesinos que no saben
leer y desconocen de temas fiscales. No tienen acceso a internet y mucho menos
a una sucursal bancaria pues sus comunidades de origen quedan a horas, e
incluso hasta a un día de distancia de la ciudad más cercana a su estado”.
Lo
anterior implica, dijo, que “los productores de subsistencia no entrarán a la
formalidad y por el contrario será un
retroceso para el medio rural ya que se obligará al productor a vender su
cosecha a bajo precio ante la imposibilidad de factura.
Javier
Eduardo López Macías, lamentó la falta de sensibilidad de las autoridades
hacendarias para tratar al campesino cuando en México en un 94 por ciento de
los casos, los municipios del país carecen de una sucursal bancaria, no existen
contadores, el internet aún es de difícil acceso y entonces “la Reforma Fiscal
sólo sembrará más pobres y cosechará más hambre y marginación en el agro
nacional”.
Sostuvo
lo anterior en el hecho de que la propia Procuraduría de la Defensa del
Contribuyente establece que existe una afectación sistémica en los derechos de
los contribuyentes en materia fiscal pues hace un reconocimiento parcial,
social y cultural en el que se desenvuelve el sector primario.
Por
ello, las resoluciones de facilidades administrativas recién publicadas en el
Diario Oficial de la Federal que incluyen al sector primario no reconocen las
desventajas en que se enfrentan con respecto a las zonas urbanas del país y sí
se sustentan en los grandes productores ya inscritos en el Registro Federal de
Contribuyentes.
Entonces,
dijo, las supuestas facilidades fiscales dejan de lado a los pequeños y medianos
productores quienes operan bajo condiciones adversas para expedir comprobantes
fiscales y aceptar formas distintas al efectivo como medio de pago.
Javier
Eduardo López Macías, recordó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo correspondiente al trimestre de 2013, la población que vive
en zonas rurales tiene un promedio de escolaridad de 6.4 años y de acuerdo a
datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un segmento importante de
la población rural permanece fuera del sistema financiero pues de los 687
municipios rurales que hay en el país, sólo 6 por ciento tiene sucursales
bancarias.
Ante
esta situación, sostuvo, que el nuevo esquema tributario es inequitativo,
desproporcionado y de difícil acceso como lo establece la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente.
Esta
instancia, agregó, ha puntualizado que ninguna autoridad administrativa o
legislativa debe ignorar, al imponer cargas tributarias, las condiciones reales del sector rural o de
lo contrario se trastoca, como es el caso, el principio de equidad tributaria
consagrado en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos al dar un trato igual a los desiguales.
Finalmente,
el dirigente de UNIMOSS insistió en la urgencia de instalar dicha mesa de
trabajo para resolver esta problemática e incluso acompañarla con la
relacionada a la producción nacional y a la regulación de los mercados
agropecuarios.
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