Necesario, fortalecer derechos de los consumidores

Fuente: Redacción 

Durante el foro “Encuentro y diálogo con los consumidores, reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor”, senadores y organizaciones de la sociedad civil, coincidieron en que esta legislación debe ser un mecanismo que fortaleza los derechos de los consumidores, con reglas claras que pongan freno a cualquier proveedor que ejerza, de mala fe, cualquier actividad comercial.

El presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, senador Héctor Larios Córdova, aseguró que la Ley Federal de Protección al Consumidor, dijo que es fundamental legislar en los temas que aún se encuentran pendientes y que laceran los derechos de los consumidores.

Dijo que la legislación busca fortalecer a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para dotarla de mayores atribuciones, como en el caso del “incumplimiento” ya que este sigue lesionando al consumidor, por lo que se plantea que se mantengan las multas, “es decir, una nueva multa cada día”.

Aseguró que en el comercio electrónico, la iniciativa prevé la posibilidad de la reversión de pagos cuando el producto que se recibe no corresponde a las características anunciadas; en materia de garantías, se amplía el plazo para que el mínimo de garantía sea de 90 días; se establece que en el caso de comercio electrónico las quejas sean presentadas a través del mismo medio que se hizo la compra.

A través de este foro buscamos abrir el diálogo con los consumidores, para fortalecer el dictamen que modifica la Ley Federal de Protección al Consumidor, porque es fundamental crear un mecanismo eficaz, que regule esta materia.

La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, aseveró que en México se ha discutido mucho acerca de la justicia cotidiana, sin embargo, durante muchas décadas en el país los derechos se han visto como un catálogo de buenos deseos, por lo que la protección de los derechos al consumidor es un tema fundamental que, indicó, ha generado interés entre los legisladores.

Sostuvo que el Senado está interesado en que México deje de ser una economía de traspatio, en la que haya alerta para ciertos productos que son dañinos para la salud, y en fortalecer la vigilancia en el comercio electrónico, que en 2014 significó más de 162 mil millones de pesos.

Alejandro Calvillo Unna, director de El Poder del Consumidor, consideró que para entender la totalidad de los derechos que protegen a los consumidores es necesario atender las directrices de las Naciones Unidas sobre los derechos de los consumidores a la información, a un medio ambiente sano y a la protección de su salud, entre otros.

En su participación, propuso una reforma al artículo 1º, fracción I de la ley correspondiente, en la que se incluyan conceptos como la protección de la vida; la salud; nutrición; prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos; adulteración de los mismos y cuidado al medio ambiente.

Carlos Rafael Valencia Parra, presidente del Instituto Mexicano de Educación para el Consumo A.C., reconoció el interés del Senado por trabajar, actualizar y perfeccionar la Ley de Protección al Consumidor, pues resaltó que en la iniciativa existe un avance en la protección de los consumidores, al establecer reglas más claras para su protección, en términos de garantías, de información y de riesgos para la salud.

Indicó que las adecuaciones y precisiones a la información sobre las transacciones de comercio electrónico también darán mayor confianza y certidumbre al consumidor para las compras que realice por ese medio e igual, abundó, es un acierto incluir a los menores de edad en dichas transacciones.

En su oportunidad, Bernardo Altamirano Rodríguez, presidente de la Asociación Central Ciudadano y Consumidor, dijo que es necesario encontrar el equilibrio para que los instrumentos regulatorios le apuesten a generar buenos comerciantes, “ya que en la medida que nos involucramos a generar una mejor práctica comercial estamos generando mejores ciudadanos”.

Indicó que el tema de seguridad de producto es el avance más notorio de la iniciativa, ya que es una de las principales tendencias regulatorias en las que México se había quedado rezagado, así como el de reincidencia, debido a que es necesario establecerla como “un freno de mano” para cualquier proveedor que está tratando de ejercer de mala fe cualquier actividad comercial.

Javier Nájera Montiel, titular del despacho Nájera Montiel y Asociados manifestó que esta iniciativa crea una estructura de flujos de información, de tal manera que se impulsa la transparencia y el acceso a la información en el mercado.

El derecho de los consumidores está vinculado con los derechos humanos, por ello, esta legislación debe reconocer el pleno acceso a la información, a fin de que la libertad que tienen para acudir con el proveedor que prefieran, sea con base información confiable.